“Actualizar, actualizar” es la frase aterradora que pronuncian a todo pulmón propietarios y gerentes de bodegones, mercados, bodegas, taguaras, licorerías, supermercados de alcurnia y establecimientos de todo género, en pueblos y ciudades de Venezuela al finalizar cada jornada diaria, asignando a motu proprio los nuevos precios de las mercancías en venta para el día siguiente, cuya onda expansiva se multiplica con el IVA pagado también por el consumidor.

Lo curioso del unilateral modus operandi es que la sincerización de los precios de los productos, siempre ocurre en una sola dirección, vertical ascendente, jamás en otro curso, bien sea horizontal de mantener el precio de la mercancía o hacia una rebaja moderada. Como ocurriera la semana pasada cuando el dólar registró una cotización descendente de 80.000 bs a 61.000 bs. durante 4 días, sin ser tocados ni con el pétalo de una rosa los precios de los productos.

Sin piedad alguna con la población consumidora de un país, donde sus ingresos  en bolívares sufren los embates permanentes de una economía que impone los precios en dólares, a un ritmo tan vertiginoso que cada noche al acostarse si logra derrotar al insomnio,  deshoja la margarita pensando que va a comer su familia al amanecer.

Esto ocurre en una de las economías más reguladas del planeta por un Estado policial, que ha creado un entramado de leyes orientado según el “presidente obrero” a combatir el capitalismo salvaje, con la ley de precios justos, impuestos a granel desde el IVA, el ISLR, Impuestos a las grandes ganancias, Ley de los consejos productivos de trabajadores entre un prolífico listado de normas para controlar los sectores productivos a su capricho.

 Son tantos los dislates de esta economía irracional que las teorías económicas clásicas, comenzando por los liberales Adam Smith y David Ricardo, el Capital de Carlos Marx, la contemporánea ley de la oferta y la demanda entre otras, no lograrían analizar y descifrar el meollo de una política estatal suicida, orientada al exterminio de los sectores económicos de una otrora nación próspera.

La nueva propuesta del Secretario de Estado de los EEUU, Mike Pompeo, de invitar al narco régimen de Nicolás Maduro a negociar, para acordar realizar elecciones presidenciales y parlamentarias en Venezuela este año de 2020 abre otro debate político, dado que esta nueva y diferente propuesta  a la del cese a la usurpación, tiene sus pro y sus contra, que sin duda alguna, despertaran suspicacias en ambos lados del conflicto.

Dado que el mundo en general está al tanto del estilo de negociar del comunismo internacional que apoya al narco régimen de Nicolás Maduro, y dado que en una negociación ganar-ganar, ambas partes por lo general, esperan sacar beneficios de tal negociación, me voy a permitir señalar algunas de las dificultades que se podrían presentar en el futuro inmediato, a mediano y largo plazo.

Estos señalamientos, que haré a continuación, dado mi interés como venezolano opositor que lleva 20 años oponiéndose a tal dictadura, y dándole seguimiento a la misma, con mi intensión de contribuir con mi granito de arena a que tal narco dictadura salga del poder cuanto antes. Se entiende perfectamente que el secretario de Estado de una potencia tan poderosa como los EEUU tiene información clasificada de todo tipo sobre la situación real de Venezuela. Es decir saben perfectamente lo que está pasando en nuestro territorio. Sin embargo a la hora de negociar sobre el destino de otra nación, es natural que algunas veces las decisiones que se tomen, no satisfagan plenamente a la gran mayoría de los venezolanos demócratas, puesto que en toda negociación ganar-ganar, ambas partes tendrían que ceder en alguna de sus exigencias.

Ente esta evidente realidad, y de resolverse el problema de Venezuela mediante este método de la negociación, y pensando en la gobernabilidad y la paz futura de Venezuela, a la luz de que no todos los problemas obvios y latentes se podrían resolver en esa mesa de negociaciones, me pregunto: ¿Cuánto se puede ceder ante un gobierno criminal y descarado, que no respeta ni la vida ni los intereses del país, ni la constitución, ni las leyes, ni la estabilidad del país, ni la soberanía, ni la gobernabilidad futura; y mucho menos a la democracia, a la cual le declararon la guerra?

Sin anuncio oficial del Presidente Nicolás Maduro, sin cadena presidencial y de la misma forma que en el 2019, se dio el nuevo aumento de salario mínimo en Venezuela. Lo que empezó como un rumor terminó siendo confirmado en su cuenta de Twitter por Francisco Torrealba, Presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente.

El Salario mínimo pasó de 150.000 Bs a 250.000 Bs, lo que equivale a 5 perros calientes, si ponemos su valor promedio cerca de 50.000 Bs, mientras que el bono de alimentación pasó de 150.000 Bs a 200.000 Bs; es decir, una hamburguesa.

La canasta alimentaria del mes de noviembre, según el CENDA (I), se ubicó en 5.543.084,29 lo que para el momento de su cálculo era equivalente a 122 $, pero en la actualidad con el dólar que ha superado los 80.000 Bs, el salario mínimo queda en unos 3 $.

Este nuevo aumento ratifica la violación constante a los derechos de los trabajadores y del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que todo trabajador debe ganar lo necesario para cubrir la canasta básica que no sólo cubre la alimentación, sino que incluye también los gastos de pagos de servicios, educación, salud y recreación.

La conmemoración del primer aniversario de la instalación espuria del actual gobierno de Venezuela parece poco prometedora para sus miembros

LA HABANA, Cuba. – Este viernes —día 10— se cumple un año del actual “mandato” que viene ejerciendo Nicolás Maduro en la primera magistratura de Venezuela. He entrecomillado el término porque, en realidad, se trata de una presidencia espuria, surgida de un verdadero pucherazo orquestado por los chavistas. Pero, bueno, algún nombre hay que darle.

Son ya dos decenios largos los que las fuerzas “bolivarianas” llevan ejerciendo el poder en Venezuela. Y no resultaría aventurado afirmar que, de ese considerable período, este último año es el que más se ha destacado por la escasez, la represión, la emigración de millones de ciudadanos y la involución económica. En una palabra, por las calamidades de toda índole que el chavismo ha generado.

En medio de ese panorama desolador, a los demócratas latinoamericanos nos cabe un consuelo: El desvergonzado irrespeto a la voluntad popular materializado en la farsa electorera en la que Maduro obtuvo aquel falso “triunfo”, ha recibido el decidido rechazo de la comunidad internacional. Esto, a su vez, se ha materializado en la valoración del actual gobierno del exguagüero como un régimen de facto; no uno surgido de la voluntad del pueblo.

A esa reacción internacional (que, comenzando por los Estados Unidos y el Grupo de Lima, ha llegado a comprender a medio centenar de importantes países democráticos) se ha sumado la postura vertical asumida desde enero de 2019 por el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. Para que se entienda mejor la importancia de ese desafío, conviene que retrocedamos algo en el tiempo.

En 2017 se instaló el nuevo parlamento controlado por la oposición, que eligió como su primer presidente a Henry Ramos Allup. La actitud que asumió entonces ese legislativo fue —por decir lo menos— tibia. Recordemos la treta empleada por Maduro y sus incondicionales para privar a la Oposición de la mayoría cualificada de dos tercios que había ganado en la Asamblea Nacional.